Una luz de esperanza para generar recursos e inversión en temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, es el nuevo Impuesto de Sociedades. Sin embargo, lejos de todo buen propósito, aún quedan muchas dudas que responder en torno al nuevo y discutible impuesto a las sociedades.

Como se recuerda, la Dirección General de Tributación (DGT) no tardó en expresar su disconformidad con las nuevas medidas establecidas, indicando que estamos ante una posible desinscripción masiva de personas jurídicas. Pero más allá de quiénes se inscriban y quiénes no, existen varios puntos pendientes del aprobado tributo a las sociedades mercantiles, hablamos de aspectos que aún no se han afinado y que serán determinantes en el mecanismo de pago durante el transcurso de los nueves meses válidos (de abril a diciembre).
Uno de los primeros puntos gira en torno a la disolución de sociedades (anticipada ya por Francisco Villalobos, jefe de la DGT), y que formará parte de una campaña de información a fin de depurar los sistemas de datos y establecer el tributo del 50% a raíz del salario base (¢180.300 en total). En el caso de las sociedades inactivas el porcentaje se reduce hasta 25% (¢67.612,50 en total).
No olvidemos el mecanismo de cobro, que aún no se ha determinado con precisión por el Registro Nacional, y que posiblemente será habilitado a través de la página de Internet y ventanillas de la sede principal. Mientras no se confirme nada al respecto, las facilidades de pago siguen en incertidumbre.